En la última década, el debate sobre la inclusión digital se enfocó en el componente visual de la interface. Se buscaba regular tamaños de tipografía, el etiquetado de imágenes o el contraste de colores en las páginas web.
En 2026, la barrera de acceso parece estar mutando hacia unas formas más invisibles, más silenciosas y mucho más restrictivas. Es decir, la exclusión digital del presente opera directamente en el código de los algoritmos.
Estas nuevas formas de exclusión se manifiesta en las modalidades automatizadas que regulan nuestro acceso diario a servicios y plataformas de información. Un chatbot de atención ciudadana, entrenado con bases de datos históricas con sesgos no depurados podría discriminar patrones lingüísticos de minorías o de regiones periféricas, bloqueando o retrasando sus solicitudes o demandas de servicios. De igual forma, cuando una inteligencia artificial generativa redacta un documento, podría omitir el marcado html necesario para que los lectores de pantalla puedan interpretarlo adecuadamente. Esta negligencia técnica expone a nuevas exclusiones a los usuarios con discapacidad visual, impidiéndoles procesar contenidos de vital importancia.
El epicentro de estas fallas estructurales se encuentra en la etapa de diseño. Sucede que los desarrolladores y las corporaciones, debido a su lógica hegemónica, transfieren sus sesgos cognitivos a las instrucciones constitutivas (los prompts de sistema) que rigen a estas inteligencias artificiales. Al dotar a la máquina de una visión estrecha o privilegiada del mundo, el sistema logra escalar y estandarizar los prejuicios humanos o los parámetros hegemónicos a una velocidad sin precedentes.
Como ciudadanos, tenemos la obligación de exigir transparencia algorítmica. Las cajas negras tecnológicas gobiernan aspectos cada vez más críticos de nuestra vida cívica y, por lo tanto, requieren auditorías públicas rigurosas. La equidad digital representa la nueva frontera de los derechos fundamentales. Nuestra tarea como sociedad civil, y en el caso de CIDESI como ente especializado, consiste en asegurar que el código del futuro expanda la participación democrática, bloqueando cualquier intento de automatizar o naturalizar la desigualdad histórica.